Denuncia ante la O.I.T:

SEÑORES REPRESENTANTES DE LA O.I.T. EN EL URUGUAY.
De nuestra mayor consideración:
Quienes suscriben: Presidente, Vicepresidente y Secretario respectivamente del Sindicato Único de Policías del Uruguay se presentan a Ustedes con motivo de denunciar los hechos que se exponen a continuación:
Nuestra organización, de reciente creación, fue inscrita el 3 de febrero del año 2005 en el registro respectivo del Ministerio de Trabajo y obtuvo, el 12 de mayo del corriente año su personería jurídica (M.E.C. n° 10266, folio 236, libro 18). Actualmente y en forma provisoria se reúne en el local del Sindicato Único del Instituto Nacional del Menor sito en Avda. Agraciada n° 3161, y ha fijado su domicilio legal en Reconquista 487 , escritorio de su Asesor Letrado, Dr. Ángel Ferraz Techera; siendo sus directivos ubicables en los teléfonos 6982900, 5084880, 2968251 y 9157894.
Siendo el nuestro un sindicato consecuente nos resulta obvio que en el proceso de defender los derechos de sus afiliados se llegaría inevitablemente a la confrontación con personas o conjuntos de ellas para quienes nuestra mera existencia resulta perjudicial, por ello amparados en la política social del actual gobierno nos organizamos cumpliendo todas las exigencias de la legislación nacional y procedimos, también de conformidad con la política que en materia laboral orienta actualmente el Poder Ejecutivo, a formalizar un vínculo con nuestra patronal, el Ministerio del Interior, que permitiera llegar a soluciones negociadas en aquellas cuestiones de nuestro interés, para lo que es imprescindible establecer formalidades que presten garantías al proceso. Nuestros objetivos inmediatos eran y son: Regularizar el pago de los aportes jubilatorios (en que el Ministerio es omiso) y el funcionamiento del Servicio de Tutela Social, en especial el de la Caja Policial. Normalizar el ingreso a la carrera policial, que hoy día se produce bajo un sistema de contratación a término con plazos de, generalmente, uno o dos años; y por último la sustitución del sistema disciplinario en vigencia, abusivo e ineficiente. Enterado de todo ello el Ministerio del Interior se mostró refractario a toda negociación con garantías y a la participación de nuestra organización en las actividades que esa Secretaría de Estado orienta a fin de modificar la estructura del Instituto Policial (y por tanto a las condiciones de trabajo, de natural interés para nuestra organización), esto pese que a otras instituciones y personas, que no están organizados sindicalmente, se los ha integrado.
También hemos pretendido del Ministerio que se respetasen derechos laborales tan antiguos en nuestro país como la jornada de ocho horas, la licencia semanal, y el derecho a compensaciones por trabajo insalubre. Pretendimos asimismo que se respetasen derechos y libertades sindicales consagrados en la Constitución de la República, los acuerdos de la O.I.T fuente de derecho laboral en nuestro país, y más próximamente la Ley de Fueros Sindicales, en que se resume mucho de lo establecido en esas otras normas, con el mismo resultado negativo.
Cabe destacar entre estos derechos los de informar, por diferentes medios, de reunirse en el lugar de trabajo fuera del horario del servicio, y el de cobrar por planilla la cuota sindical. Ha sido necesaria la intervención directa del propio Ministro para que los jerarcas policiales respetaran el primero, no se ha respetado aún el segundo, y en cuanto al tercero, pese a que su observancia constituye norma en las dependencias del Estado, el Ministerio del Interior, aplicando distintos subterfugios, sigue sin respetarlo, con lo que ha logrado acotar significativamente nuestra actividad. Es importante mencionar aquí que se han satisfecho las formalidades exigidas por la legislación vigente a los sindicatos, y que el Ministerio las ha tenido aún mayores, como por ejemplo la exigencia de personería jurídica, trámite que la casi totalidad de los gremios omiten por innecesario, largo y oneroso. Pese a ello cuando se cumplen las exigencias se pretende imponer otras nuevas, por lo que el cobro de la cuota sindical por planilla aún hoy no se permite y tampoco las reuniones gremiales en los lugares de trabajo, en horario franco de servicio. Este accionar antisindical y discriminatorio del Ministerio del Interior es más evidente si se considera que a otras organizaciones no sindicales, algunas incluso notoriamente contrarias a la actividad gremial, como al Círculo Policial del Uruguay, Manos Azules o incluso a distintas empresas privadas alas que se les permiten reuniones y descuento de cuotas por planillado aunque no tengan personería jurídica; es incluso más destacable que se proceda a estos descuentos, y se admitan tales reuniones en el caso de organizaciones ajenas a la legislación vigente que actúan clandestinamente en el seno de las dependencias de esa Cartera, como ha sucedido con las de préstamo de dinero, carnicerías, boutiques, y aún farmacias clandestinas a las que sí se les permiten descuento por planilla de cuotas incluso incumpliendo las disposiciones vigentes respecto de las retenciones aplicables a los salarios. Tales hechos han sido puestos en evidencia reiteradamente por diversos medios periodísticos, e inclusive por nuestro sindicato.
Pero sin duda lo más grave ocurrido en esta etapa de nuestro relacionamiento con el Ministerio del Interior es su incumplimiento de las disposiciones del Convenio Marco para la Negociación Colectiva, mediante el que el propio Poder Ejecutivo dispone garantías para la negociación. Este convenio establece que la entrega de la información, imprescindible para que las organizaciones de trabajadores puedan negociar condiciones de trabajo y salario es, para las patronales y en este caso para el Ministerio, obligatoria. Pese a haberlo solicitado en varias notas el Ministerio del Interior ha ignorado nuestras demandas. Tal situación nos ha impedido representar los legítimos intereses de nuestros afiliados en la negociación colectiva, con los graves perjuicios que ello implica para la situación económica, laboral y social de nuestros representados; cosa que parece ser el objetivo perseguido por el Ministerio. Consideramos el accionar del Ministerio contrario a derecho, lo que por ser dependencia estatal es grave, ya que para el Estado es cargo cumplir la legislación vigente. Sus consecuencias son doblemente graves, en este caso, porque se lesionan los derechos de los trabajadores, y el perpetrador es la dependencia pública a la que corresponde la responsabilidad de proteger y tutelar el ejercicio de derechos y garantías. La creemos maliciosa además ya que, pretendiendo confundirse y confundir, al mismo tiempo que bloqueaba el legítimo accionar de nuestro sindicato, elaboró (autoría del Dr. Miguel Migliónico, asesor del Sr. Ministro), un proyecto de ley de reforma del sistema de retiros y pensiones policiales altamente perjudicial para los intereses de los trabajadores de esta rama de la actividad pública. Este proyecto hoy está a estudio en el Parlamento adónde, esperamos, se le introduzcan cambios sustanciales, o mejor aún, se lo deseche definitivamente. También en este caso se ha favorecido a otra organización, ahora a una surgida del seno de las propias oficinas centrales del Ministerio. Esta organización aceptada como más representativa sin importar su caudal, estatuto o grado de organización, ha sabido satisfacer las espectativas ministeriales propagandeando en un ciclo de conferencias auspiciado por la patronal, al proyecto de ley antes mencionado.
Por último, entendemos que sea enojoso para el Ministerio tratar con una organización que se ha propuesto poner en el tapete temas tan urticantes como algunos de los ya mencionados, pero entendemos que si bien cierta hostilidad es consecuencia previsible, pero superable, del inevitable conflicto de intereses entre patronal y trabajadores, no es posible justificar las conductas que a continuación referiremos:
· A principios del mes de mayo de este año esta Comisión Directiva tuvo conocimiento de que a varios de los dirigentes integrados a Comisiones Directivas Departamentales de nuestra organización, todos ellos funcionarios policiales en actividad, se les había citado a sus respectivas Jefaturas de Policía, siendo allí notificados por sus comandos de una orden ministerial, cuya fotocopia adjuntamos. En esta orden, verbal del propio Sr.Ministro según reza, el comunicante, Dr. Miguel Migliónico, asesor suyo, impone a los Sres. Jefes de Policía Departamentales que notifiquen a dirigentes locales de nuestro sindicato, todos funcionarios subalternos en actividad, el haber sido designados para concurrir en carácter de representantes sindicales a una Asamblea de Delegados. Tal Asamblea se integraría con personas designadas por una "Mesa Coordinadora General de los Sindicatos Policiales del Uruguay"(¿?), según lista aludida por el Dr Migliónico. Se exhorta además a los jerarcas a que impongan la iniciación de trámites tendientes a la obtención de personerías jurídicas y a la elaboración de estatutos propios para cada filial local. Incluso se impone la designación de delegados para el o los eventos sindicales que puedan ocurrir en lo sucesivo; facultándose además a los Jefes de Policía para controlar el cumplimiento de estas exigencias e incluso autorizar a su arbitrio la concurrencia a la reunión gremial; y por último se establece que a partir de entonces será esta "Mesa Coordinadora ..." la que, exclusivamente comunicará y coordinará la actividad sindical actuando en colaboración con cada Jefatura.
· Nuestra Comisión Directiva Nacional no tuvo conocimiento de estas nuevas hasta que nuestros dirigentes locales, mencionados en la lista, nos informaron; como, hasta donde pudimos establecer, la entidad mencionada en esta antológica orden no tenía existencia real se decidió solicitar la concurrencia de los notificados con el fin de obtener alguna información. Es de imaginar el nerviosismo con que éstos, funcionarios subalternos activos de una institución caracterizada por la dureza de su opresivo sistema disciplinario, se notificaron de la orden y esperaron. Cuando por fin concurrieron al lugar de la convocatoria, el local de ADEOM filial Montevideo el día 5 de ese mes, encontraron que la misteriosa "Mesa Coordinadora..." a cuya Asamblea Nacional de Delegados convocaba el Sr.Ministro del Interior por intermedio del Dr. Migliónico era precisamente la organización de funcionarios de la Secretaría de Estado a que aludimos antes.
· No pretendemos emitir juicios de valor sobre esta pequeña organizaciòn de funcionarios de confianza de las oficinas centrales del Ministerio del Interior, quienes sin duda tienen derecho a entender el significado de la palabra sindicato y la naturaleza de sus actividades como mejor les parezca, lo que sí nos preocupa es la actitud de la jerarquía ministerial involucrada; ya que desde la muy recordada gestión del coronel Bolentini ningún jerarca al frente de esa Cartera había tenido el valor de reflotar iniciativas de este tipo.
· Es importante destacar que en el momento de emitir esta orden el Ministerio del Interior tenía cabal conocimiento de las formalidades cumplidas por nuestro sindicato, y entre ellas de nuestro estatuto, nuestra inscripción en el Registro de Sindicatos del Ministerio de Trabajo, la identidad de nuestros dirigentes locales y nacionales, el escritorio jurídico que nos representa y sobre nuestro trámite de personería jurídica. Deseamos aclarar que nuestra organización pone a disposición libros, registros y en general toda su documentación, la que en fecha próxima fuera inspeccionada y aprobada por la Institución competente: el Ministerio de Educación y Cultura. Nuestro libre accionar es cristalino; pero si algún organismo del Estado debe controlarlo le corresponderá en todo caso a los Ministerios de Educación y Cultura o al de Trabajo y Seguridad Social, y no al Ministerio del Interior, cuya intervención tiene un desagradable regusto a ES.MA.CO.
· También es de considerar la presión sicológica ejercida sobre nuestras filiales departamentales en la persona de sus dirigentes en actividad a fin de que mediante la diferenciación estatutaria y la tramitación de una personería jurídica para cada filial departamental, se logre la fragmentación de nuestro sindicato. Vieja maniobra: divide et impera.
· Entendemos que en esta breve media carilla el Ministerio del Interior, que debería proteger, tutelar y respetar, por el contrario viola gran parte de los derechos y libertades fundamentales, entre los que, el de sindicalización, la Ley de Fueros Sindicales y todos los Convenios de la O.I.T..
Creemos que esta desgraciada maniobra del Ministerio del Interior tiene como objetivo desmantelar a nuestro sindicato sustituyéndolo por una organización amarillista, dócil y proclive a sus intereses, impidiendo así las acciones judiciales a que está expuesto al negarse a negociar en paritaria, quedando entonces el demandar ante la Justicia competente como único recurso, accionar inminente que el S.U.P.U. ya anunció en medios de información.
Sin embargo lo que más preocupa a nuestro sindicato no es ser blanco de un ataque tan burdo, sino que, como ya mencionamos, se vulneren valores tan caros a la existencia de una democracia. Solicitamos por ello se considere la presente denuncia de persecución sindical contra el Ministerio del Interior.
Saludan a Ustedes atentamente:




MANUEL AREOSA LLANES JESÚS CROSSA ALVARO SOSA BOUVIER

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE SECRETARIO